jueves, 30 de marzo de 2006

Un juez cuestionado

Había sido citado para que hiciera su descargo ante las acusaciones por mal desempeño de funciones
Toledo renunció el día que debía presentar su defensa
El Liberal, edición digital, Santiago del Estero, 29/03/2006

A las 10.30 de ayer, treinta minutos después de la hora que había sido citado para que hiciera su descargo en el juicio político que se le seguía, el juez federal de Santiago del Estero, Ángel Jesús Toledo, presentó su renuncia al cargo ante el Poder Ejecutivo Nacional y con ello evitó responder por las acusaciones sobre "su persistencia en errores procesales, retraso notorio en el trámite de causas, denegación de justicia, investigaciones deficientes, abuso de autoridad y parcialidad", según enumeró ayer el consejero Beinusz Szmukler ante la agencia de noticias Télam.

Antes de pronunciarse sobre la dimisión el Ejecutivo Nacional pidió informes sobre las actuaciones contra el magistrado que se tramitan en el Consejo de la Magistratura.

El juez fue denunciado ante el Consejo por mal desempeño de sus funciones en causas que involucran a diversos sectores de la provincia, e incluso también tocaría una arista del denominado "Doble crimen de La Dársena", el homicidio de las jóvenes Leila Nazar y Patricia Villalba cuando le habría sido entregada una libreta perteneciente a la primera de ellas en la que supuestamente debía investigarse una presunta vinculación con el narcotráfico.

Toledo, juez federal de Santiago del Estero desde hace 20 años, fue ampliamente cuestionado por inacción en los expedientes relacionados por violaciones a los derechos humanos que comprometían al ex gobernador Carlos Juárez.

Los integrantes de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura consideraron que Toledo, habría incurrido en mal desempeño de sus funciones “sin perjuicio de la posible comisión de delitos en el cumplimiento de sus funciones”, por lo que disponían que se lo citara a prestar declaración.
Había sido citado en dos oportunidades, pero Toledo argumentó problemas de salud para no presentarse ante la Comisión de Acusación.


Otro juicio

Los fiscales federales de Santiago del Estero, Juan Francisco Carlos Borges, y de Formosa, Omar Benitez, serán sometidos a juicio político luego de que las denuncias en su contra fueron analizadas por una comisión evaluadora designada por el procurador Esteban Righi.
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Opinaron que el magistrado habría incurrido en mal desempeño
El informe de la Comisión de Acusación fue lapidario para el juez Ángel Toledo

Los integrantes de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura consideraron que el juez federal, Ángel Jesús Toledo, habría incurrido en mal desempeño de sus funciones, cuando elaboraron un informe sobre la actuación del funcionario judicial.
Pero la apreciación fue más allá, ya que en un párrafo apuntaron no sólo a su irregular labor específica, sino que expusieron: “(…) sin perjuicio de la posible comisión de delitos en el cumplimiento de sus funciones”, por lo que disponían que se lo citara a prestar declaración.
Había sido citado en dos oportunidades, pero Toledo argumentó problemas de salud para no presentarse ante la Comisión de Acusación.
La tercera estaba establecida para las diez de la mañana de ayer, aunque finalmente no concurrió porque presentó su dimisión, confiaron fuentes tribunalicias.
La suerte del magistrado federal local comenzó a echarse hace unos dos años, cuando llegaron al organismo pertinente del Consejo de la Magistratura de la Nación las denuncias por presuntas irregularidades en su función.
Uno de los tres expedientes que se tramitaron comenzó con la denuncia que interpuso la defensora oficial ante el Juzgado Federal de Santiago del Estero, Marquesa Zurita de González.
En el expediente 9/2004 se detallaron varios casos en los que los representados por la defensora no habrían tenido un proceso correcto, vulnerándose el derecho de defensa.
En ese sentido, se supo que acusó a Toledo por los presuntos delitos de denegación y retardo de justicia; prevaricato; privación ilegítima de la libertad -dos cameruneses fueron detenidos por tenencia de droga, lo que fue desvirtuado luego- y retención indebida.

El papel de la Procuración
Los otros dos fueron promovidos por la Procuración General de la Nación. El expediente 386/2004 hacía referencia a una auditoria que el mismo cuerpo había ordenado en el año 2002.
Es que la Fiscalía de Primera Instancia estaba en manos de Aldo Alzogaray y había una importante mora en la tramitación de los expedientes.
Si bien algunas falencias eran atribuibles al fiscal, se concluyó que la aparente inacción también provenía del manejo discrecional que hacía de las causas el Juzgado Federal.
Cuando dos años más tarde se hizo cargo el fiscal subrogante Alberto Pravia, sus superiores le recomendaron que impulsara las investigaciones y se diera trámite a las causas.
Sin embargo, el flamante funcionario no encontró eco en Toledo, lo que derivó en una confrontación permanente. De allí surgió el tercer expediente, el 548/2004, por el que tanto el fiscal general de Tucumán como el procurador nacional, Antonio Gómez y Esteban Righi, respectivamente, remitieron un informe al Consejo de la Magistratura en el que hicieron saber que Toledo obstaculizaba permanentemente el trabajo de la fiscalía.
Señalaron que el juez habría incumplido con el Código de Procedimiento Penal de la Nación, porque no contestaba los pronto despacho -al punto de que los destruía- y que el responsable del Ministerio Público Fiscal no tenía posibilidad de ver ciertos expedientes.

Serios cuestionamientos
A mediados del año pasado, un cuerpo de auditores vino a Santiago del Estero, por indicación del Consejo de la Magistratura.
Al revisar la actuación que le cupo a Toledo en distintos casos, constataron que “(había) traspapelamientos, incumplimientos procesales, arbitrariedades de distinta índole y pasmosas demoras en la mayoría de las causas penales y en algunas causas civiles en trámite”.
Asimismo, detectaron que “las irregularidades denunciadas, de haber sido aisladas, podrían configurar errores judiciales propios de la labor judicial reparables por las vías pertinentes y ajenas a la intervención de este cuerpo. Lo que determina que el reproche sobre este punto es la reiteración de estas irregularidades en un significativo número de actuaciones”.
Por esa razón, al analizar las conclusiones a la que habían arribado los auditores y ratificadas las denuncias de los fiscales y de la defensora oficial santiagueños, es que la Comisión de Acusación había resuelto citarlo a Toledo a indagatoria.

Turk retomaría la causa de DD.HH
El apartamiento de Toledo del Juzgado Federal tendría, entre otros efectos, que el juez ad hoc, César Enrique Turk, retomase la instrucción de la causa en la que se investigan presuntas violaciones a los Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad durante la década de 1970.
Entre los imputados en dicha causa -la Nº 9002/04- se encuentran Musa Azar, Jorge D´Amico, Tomás Garbi, Ramiro López Velloso y ex jefes militares, Jorge Videla, Benjamín Menéndez y Domingo Bussi.
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Un juez cuestionado

En los últimos casi treinta años como magistrado -primero provincial y después federal- Ángel Jesús Toledo había construido una sólida estructura de poder, sostenida en sus estrechas vinculaciones.
Hace 27 años, este abogado nacido en Tucumán era juez de Crimen de Frías y poco después se puso al frente de la Justicia Federal en Santiago. En ese momento Carlos Arturo Juárez era gobernador de la provincia, con quien Toledo mantenía una muy buena relación, vínculo que para sus detractores fue crucial para consolidar su poder durante las últimas tres décadas, a partir del apoyo político local.
Quienes lo recibieron en aquellos años en el edificio de avenida Belgrano, frente al Hospital Independencia, recuerdan que a poco de tomar posesión de su cargo, Toledo empezó a delinear una cerrada y eficaz estructura de colaboradores que le garantizaban mantener bajo control todo -o casi todo- lo que pasaba por la Justicia Federal local.
Juristas santiagueños aseguran que a medida que pasaban los años el juez federal puso en evidencia en reiteradas oportunidades los supuestos lazos que lo vinculaban a sectores locales.
Los problemas comenzaron cuando se creó el Tribunal Oral en 1998, que comenzó a resolver rápidamente las actuaciones relacionadas con la libertad de las personas.
Uno de los casos emblemáticos de esta etapa fue el caso Grecco, por el cual el juez se enfrentó al tribunal al desoír una resolución y otorgarle la libertad a esta persona imputada por el robo de siete millones de dólares al Banco Provincia. Los miembros de este cuerpo hicieron en forma urgente una acordada y le prohibieron liberar al acusado de asociación ilícita bajo la advertencia de aplicarle sanciones civiles y penales. Recién entonces el juez revisó su decisión.
En ese momento empezó a perder poder en el ámbito penal, hecho que se reflejó cada vez con mayor frecuencia en las revocatorias de los miembros del Tribunal Oral a diversas sentencias.
No obstante, mantuvo una gran cuota de poder en la parte civil, que la mantuvo hasta hace dos años, cuando empezaron los enfrentamiento con los fiscales, quienes también se oponían a muchas de sus resoluciones.
Hoy, Toledo está acorralado por tres pedidos de juicio político, pero antes hubo otros planteos similares que no prosperaron durante la administración provincial de Carlos Juárez.
En los últimos dos años el juez federal tuvo que lidiar con la intervención federal encabezada por Pablo Lanusse y una fuerte arremetida de los organismos de Derechos Humanos que reclamaban -y aún lo hacen- mayor celeridad al proceso de varias causas.
Justamente, la indiferencia a estas acciones que por cierto eran respaldadas casi siempre por funcionarios de primera línea del gobierno nacional de Néstor Kirchner, causó un desgaste mayor en la estructura que había construido durante más de 25 años.
Es más, muchos de los que lo cuestionan están convencidos de que fue la supuesta falta de trabajo en el esclarecimiento de los casos de violación de derechos humanos, lo que terminó con sus días de juez federal.
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Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia
Para Luis Garay, debería haber renunciado “hace mucho tiempo”

La decisión de Toledo de dejar la Justicia Federal generó cautela
El presidente por la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Luis Garay, consideró que la renuncia del juez federal de Santiago del Estero, Ángel Toledo, debería haber ocurrido hace “mucho tiempo” en virtud de las “irregularidades que demostró su accionar”.
Desde la óptica de quienes luchan por llegar a la verdad de los excesos cometidos por el terrorismo de Estado, la permanencia en la Justicia de Toledo no resulta conveniente.
“Esto debería haber ocurrido hace mucho tiempo porque son muchas las irregularidades que demostró a lo largo de su accionar, fundamentalmente en los años que tuvimos contactos con la Justicia Federal a través de las causas por los derechos humanos que iniciamos y que actualmente están detenidas en el tiempo”, apuntó.
Al conocer la noticia de que el Poder Ejecutivo Nacional evalúa si le acepta la renuncia o no, el dirigente expresó: “Lo inmediato es que sea separado de la Justicia, si su separación significa que sea juzgado por los hechos que pudiera haber cometido nos parece mucho mejor. Si la no aceptación de su renuncia va a significar su continuidad al frente de la Justicia para ser juzgado, nosotros preferimos que se vaya, aunque tiene cuentas con la Justicia”.
Garay es crítico sobre el tratamiento que tuvieron las causas de violación a los derechos humanos que Toledo tuvo en sus manos. “Creemos que hubo una política de seguir sosteniendo la impunidad, con muchos de los personajes que están denunciados e imputados, salvo por el accionar de los fiscales las causas estuvieron prácticamente inactivas. Hizo oídos sordos y la vista ciega con respecto a cientos de denuncias que presentamos con una gran cantidad de pruebas que serían suficientes y necesarias como para iniciar serias investigaciones para esclarecer todo este período negro de la historia santiagueña”, remarcó.
Para el militante, los familiares y víctimas de la represión se sienten perjudicados porque el tiempo que pasa y existen posibilidades menores de investigar la verdad de los hechos y de llegar a la Justicia. “No nos olvidemos que todavía hay gente que permanece en calidad de desaparecido, madres que esperan a sus hijos y hermanos que esperan a sus hermanos o al menos que quieren conocer qué sucedió. Ese tiempo que pasa significan vidas que se agotan en función de una búsqueda que no tiene fin. En eso creemos que el Estado y fundamentalmente la Justicia Federal tienen una responsabilidad muy grande y dejó mucho que desear en ese aspecto puesto que hay acciones que se debían haber revisado y que solamente quedaron en los papeles”, se quejó.
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Cristina Torres: “Se abre una expectativa muy grande”

“Se abre una expectativa muy grande respecto de cómo seguirá el curso de la causa abierta por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Esperamos que desde ahora en más el rumbo de la investigación pueda avanzar porque estábamos objetando la lentitud y la falta de voluntad para investigar que tenía Toledo”, afirmó ayer la delegada del organismo nacional en Santiago del Estero, Cristina Torres.
El juez federal renunció ayer y las opiniones acerca de su desempeño no se acallaron. Torres fue mucho más lejos y dijo que no solamente la atención se circunscribe a las causas referidas a las violaciones de los derechos humanos sino también a toda la ciudadanía porque “hubo muchas objeciones y críticas” desde diversos sectores sobre situaciones de presuntos hechos de corrupción.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación , a cargo de Eduardo Luis Duhalde, se presentó en 2003 como querellante ante el Juzgado Federal para que se investigaran los efectos del terrorismo de Estado en Santiago del Estero, pero no hubo grandes avances.
Al respecto, Torres cuestionó: “Toledo ha sostenido la impunidad de algunas personas, por ejemplo, en la causa sobre desapariciones que lleva tres años y no se produjeron indagatorias a los acusados, tal es el caso de (Jorge) D´Amico o Zaiek (fallecido)”.
“Esperemos que esta situación no vuelva a repetirse en la demanda que tienen los familiares y las víctimas de la dictadura militar, una respuesta que espera la ciudadanía en general”, expresó.
Prosiguió: “Es llamativo que en otros lugares que con causas abiertas hace menos tiempo, los procesos de las investigaciones están más adelantados y como ejemplo de retraso se lo ponía a Santiago del Estero”.
Torres consideró como dato positivo que en el caso de Toledo funcionaron los mecanismos institucionales que se introdujeron en la reforma de la Constitución de la Nación de 1994, como lo es el Consejo de la Magistratura. Como todos los miércoles, hoy los organismos de derechos humanos volverán a reunirse a las 11.30 en la sede del Juzgado Federal.
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Juicio político para un fiscal de Santiago y otro de Formosa

Dos fiscales federales, uno de Santiago del Estero y otro de Formosa, serán sometidos a jury de enjuiciamiento por primera vez desde que se incorporó esta posibilidad en la reforma constitucional de 1994, en una decisión tomada por una comisión evaluadora de la Procuración General de la Nación, informó la agencia de noticias oficial Télam.
Los fiscales federales de Santiago del Estero, Juan Francisco Carlos Borges, y de Formosa, Omar Benítez, serán sometidos a juicio político luego de que las denuncias en su contra fueron analizadas por una comisión evaluadora designada por el procurador Esteban Righi, informaron a Télam fuentes de la secretaría permanente del tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.
El fiscal formoseno fue denunciado por un abogado local de favorecer a represores en causas por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura.
En el caso de Borges, está sospechado de favorecer a estudios jurídicos que presentaban recursos de amparo por el llamado “corralito financiero”.
El caso fue estudiado por la comisión evaluadora e incluso viajó a la provincia un fiscal de la Procuración para participar de una investigación interna sobre las denuncias presentadas contra el fiscal.
El jury de enjuiciamiento para fiscales y defensores públicos oficiales debió comenzar a funcionar en el 2002, pero recién ahora se cubrieron las vacantes que debe completar cada sector representado.
Además, el Procurador Righi estableció que una comisión evaluadora decidiría sobre la conveniencia de enviar a juicio político al denunciado, en cada caso particular.
Los procesos a los fiscales todavía no tienen fecha, se encuentra en etapa de “prejury” aunque ambos fueron notificados la semana pasada de la decisión de enjuiciarlos.
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El magistrado continúa siendo juez federal mientras no le acepten la renuncia
Quién reemplazará a Toledo es motivo de diversas conjeturas
El Liberal, edición digital, Santiago del Estero, 30/03/2006

La aceptación o no de la renuncia del juez federal Ángel Jesús Toledo, por parte del presidente de la Nación, Néstor Kirchner, abrió un compás de espera para saber quién será su reemplazante temporal.

El magistrado dimitente había solicitado licencia hasta la medianoche de ayer, por lo que el reemplazante natural fue uno de sus secretarios, Mario Ferrero.
Así lo había dispuesto la Cámara Federal de Tucumán cuando el magistrado había requerido unos días para viajar a Buenos Aires, donde anteayer presentó la renuncia al cargo que ocupó durante 20 años.
La incógnita está en saber qué acontecerá esta mañana, pues en la práctica Toledo sigue siendo el juez federal de Santiago del Estero, explicaron funcionarios judiciales, por lo que no sería de extrañar que volviera a su lugar de trabajo.
Si solicitase una nueva licencia, entonces las autoridades de federales tucumanas deberían designar a uno de los secretarios para subrogarlo.
Pero si la renuncia fuera aceptada por el primer mandatario, entonces se produciría la vacante y se necesitaría que desde el Consejo de la Magistratura de la Nación se nominase a un juez subrogante permanente.

Listado
Su nombre surgirá de una lista de conjueces que anualmente confecciona el Colegio de Abogados de Santiago del Estero.
Paralelamente, debe convocarse al concurso de antecedentes y oposición para cubrir la vacante, proceso de selección que se extendería al menos un año, manifestaron fuentes consultadas.
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Rached: “Toledo fue a la Justicia lo que el juarismo a la democracia”

El vicegobernador Emilio Rached dijo que “Toledo fue a la Justicia
lo que el juarismo a la democracia”, al referirse ayer a la renuncia presentada por el juez federal de la provincia. “Es un paso gigantesco a las necesidades de adaptaciones de Santiago en estos tiempos” porque “ayuda muchísimo a la provincia”, completó.
“Este hoy ex juez (sic) forma parte de muchas historias que tienen que ver con un pasado nefasto de Santiago del Estero”, declaró el funcionario al ser consultado por la prensa.
“Todo el mundo sabe aquí que esto iba a terminar como terminó, porque es un juzgado que acumuló muchísima basura jurídica durante los 20 años de gestión Toledo, no tiene nada que ver con la nueva realidad de Santiago, lo que buscamos es una Justicia independiente, el acceso de gente capacitada e idónea a cargos públicos, no solamente a la Justicia, sino a cualquiera de los poderes del Estado”, sentenció.
Agregó: “El juez renunciante se ha alejado muchísimo de los que es la idoneidad para un cargo de esta categoría y esto tiene influencia con otras cuestiones de la vida santiagueña. Este juzgado federal funcionaba en Santiago del Estero con una mora terrible y con una parcialidad manifiesta. En muchos casos se ha utilizado para beneficio de partes, esto me genera una enorme satisfacción porque se terminó con una de las facetas del oscurantismo santiagueño”.
“Cualquier instancia pos Toledo va a ser superadora, pero gestión peor que la ha que hizo este juez en este juzgado no se podría haber producido”, remató.
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Denuncia anónima alcanzó a Borges

La denuncia que motivó la apertura del jury de enjuiciamiento contra el fiscal general federal de Santiago del Estero, Juan Francisco Borges, fue remitida por fax y de manera anónima a la Procuración General de la Nación, revelaron calificadas fuentes tribunalicias.
Dicha acusación fue remitida en el año 2002 y se vinculaba con la actuación que le cupo al funcionario judicial en las demandas que generó el “corralito financiero”.
Según se supo, a Borges se le endilgaba el haber emitido dictámenes sin haber respetado el orden de ingreso de cada una de las presentaciones hechas por abogados de particulares.

Cuestiones políticas
Aparentemente, el motivo de la denuncia habría estado vinculada con “cuestiones políticas” del momento, confiaron fuentes cercanas al fiscal.
De todas maneras, el entonces procurador -Nicolás Becerra- le dio trámite y recientemente se constituyó el jurado que será el encargado de analizar la conducta del funcionario judicial local.
En este momento, el caso se encuentra en la etapa de presentación de pruebas para las partes.
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